#PiatúaResiste Llamado urgente al Estado Ecuatoriano para que salvaguarde el Río Piatúa

La hidroeléctrica que la empresa GENEFRAN SA quiere construir en el Río Piatúa, en la Amazonía Ecuatoriana, es el inicio de una importante devastación en la Provincia de Pastaza que acabaría con más del 80% de las especies de esta área dejando a su paso un desastre medioambiental e innumerables violaciones a derechos de la nacionalidad Kichwa y de la naturaleza.
La  represa que se proyecta consiste en trasladar el caudal del río Piatua en 15 km hacia el río Jandiayaku con un impacto significativo a la flora y fauna de una de las zonas más biodiversas que forma parte del Corredor Ecológico Llanganates Sangay declarado en el año 2002 como Regalo para la Tierra por la UNESCO, y afectando profundamente la forma de vida tradicional de las 22 comunidades asentadas en el cantón Santa Clara.
 
El inicio de este megaproyecto fue en el 2014 y ha sido impuesto violando el derecho a la consulta previa, libre e informada para las comunidades puesto que nunca se les proporcionó información real sobre el proyecto. Frente a esto, el Pueblo de Santa Clara inició un proceso legal de Acción de Protección a Favor del Río Piatúa. Este mes de Junio dicha acción fue negada en primera instancia por el Juez Aurelio Quito, argumentando que no “existe vulneración de los derechos de la Naturaleza.” Frente a la decisión adoptada, la defensa del caso anunció su apelación. Hoy se encuentra en manos del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Judicatura de Pastaza la posibilidad de fallar a favor de los derechos de la naturaleza y de la nacionalidad Kichwa.
 
Por lo anterior, resulta urgente en estas semanas hacer un llamado al Poder Judicial del Estado ecuatoriano que tiene entre sus manos la posibilidad de frenar la actuación de una empresa privada que busca generar ganancias económicas a costa de los derechos de las nacionalidades que han protegido ancestralmente esta región de la Amazonía.
 
La intención de imponer la hidroeléctrica ha sido acompañada, como en muchos casos, de un proceso de criminalización. Es el caso de Christian Aguinda, Presidente del Pueblo Kichwa de Santa Clara quien debe enfrentar un proceso judicial con cargos infundados, por supuesto delito de intimidación. Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAIE) este acto constituye una represalia política por parte de la empresa para callar su voz y la del pueblo a quien él representa. Por ello también solicitamos llamados para frenar la criminalización de quienes defienden el territorio.


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