Un Tribunal contra el olvido de los pueblos

El Tribunal de los derechos de la naturaleza se realizó del 9 al 12 de marzo de 2023 en Yucatán, México

Por Miriam Moreno S.
@MinaMorsan

El grito de la Tierra, el grito de los pobres

Los daños al territorio, al agua, a la cultura, a la Madre Tierra, a la casa común y a la libre determinación de los pueblos indígenas se sentipensaron en un tribunal ético internacional, de iniciativa ciudadana, con juezas y jueces que cuentan con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. “Ustedes son el grito de la Tierra”, dijo el académico Enrique Leff, testigo durante el Tribunal de Derechos de la Naturaleza: caso Tren Maya, después de escuchar la exposición de motivos de distintas personas de comunidades afectadas por proyectos relacionados con el mal llamado Tren Maya. El término usado fue un guiño al teólogo de la liberación Leonardo Boff, quien considera que son las personas en condición de pobreza las más afectadas cuando se daña a la naturaleza, pues viven y dependen directamente de ella y son oprimidas al igual que ella. Ahora este territorio ancestral con larga historia civilizatoria está luchando contra una catástrofe impuesta.

El evento histórico ocurrió entre el 9 y el 12 de marzo de 2023, y responde a la llamada de auxilio de las personas defensoras territoriales del sur-sureste que, en palabras de una de las pobladoras que asistió a la reunión testimonial en Tihosuco, Quintana Roo, parecen ser una voz ahogada que nadie escucha.

Los gritos previos se han reflejado en más de 50 amparos judiciales con distintos objetos que se han interpuesto desde los muy diversos territorios a lo largo de los 1,525 kilómetros que abarca el megaproyecto, pero la justicia de las instituciones mexicanas parece no llegar. Por el contrario, ha cedido ante la presión presidencial que, cada tanto, demerita la defensa de los ecosistemas-cuerpos-territorios del país y estigmatiza las resoluciones judiciales que les dan la razón. Esto fue lo que llevó a organizaciones locales a buscar espacios de justicia alternativa donde sus voces sonaran.

Entre los oídos que escucharon estuvo Jaku Pérez, defensor territorial indígena de Ecuador; Francesco Martone, defensor de derechos humanos de Italia a Latinoamérica; Maristella Svampa, socióloga argentina y presidenta del Tribunal local; el chicano-zapoteca Alberto Saldamano, y el padre Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo y viejo aliado de los desprotegidos, de la defensa de la dignidad de las personas y de la naturaleza, quien también —precisó don Raúl— es sujeto de derechos.

Normalmente toma más de seis meses organizar un evento como éste, pero dada la violenta rapidez con la que el megaproyecto avanza destruyendo todo lo vivo a su paso, el jurado accedió a realizar el Tribunal con un tiempo de organización de tres meses. La intención de este espacio era, como explicaban en cada comunidad visitada, documentar y recoger testimonios específicos sobre afectaciones positivas o negativas, actuales o a futuro del megaproyecto Tren Maya.

Durante esos cuatro días, los jueces pudieron tener una “probadita” de lo que estamos viviendo en la Península de Yucatán y buena parte del país. Atestiguaron el hostigamiento (esa manera extraoficial en que el Estado mexicano está llevando a las personas a tener miedo y que empieza a incrementar con cada vez más violencia) al ver a la policía municipal llegar a la reunión nocturna con la comunidad de Tihosuco y escuchar a pobladores de Señor, Yucatán, a quienes miembros del ejército sugirieron no asistir a la reunión “para no tener problemas después”. También pudieron oler la pestilencia de las megagranjas de cerdos instaladas en Yucatán, sentir la paz con que aún se vive en las comunidades no-urbanas de Quintana Roo y comer en las frescas casas tradicionales mayas que siguen siendo habitadas por su población original.

Los dolores compartidos

Gracias al Tribunal pudimos escuchar, en un mismo lugar, los problemas encadenados que el megaproyecto Tren Maya (o Tren Militar, como le nombraron varias veces) impulsa con fuerza por todo el sur-sureste de México de la mano del Tren Interoceánico, que pretende atravesar el istmo de Tehuantepec. A cargo de la presentación general del megaproyecto estuvo la antropóloga Giovanna Gasparello, investigadora del INAH, quien explicó cómo se trata de una modernización forzada con mucha carga de colonialismo interno; los efectos de esta mezcla atroz es lo que las personas pobladoras señalaron como despojo.

También se escucharon las voces de distintos guardianes de la semilla que compartieron —en sus propias lenguas, desde la experiencia en sus distintos territorios— la manera en que la agroindustria está envenenando la tierra y el agua de sus comunidades, devastando selva para introducir monocultivos solapados por distintos niveles de gobierno y despojándoles de sus territorios. Es importante resaltar que esta industria de muerte, junto a la de producción de carne animal, tiene un vagón asegurado en el proyecto ferroviario.

A bordo del mal llamado Tren Maya viajan también proyectos energéticos, inmobiliarios y turístico-militares que, de acuerdo con el gobierno federal, lograrían “incrementar la derrama económica y terminar con la pobreza”. El megaproyecto ha sido presentado incluso como una forma de justicia por el “abandono histórico del sureste”, sin embargo esto fue desmentido repetidamente tanto por especialistas como por las comunidades mismas.

La economista experta en geopolítica Ana Esther Ceceña remarcó que no es la primera vez que se ha intentado introducir proyectos similares a lo largo de las últimas décadas: Ernesto Zedillo empujó el Proyecto Transístmico y los gobiernos panistas el Plan Puebla Panamá. La diferencia es que esta vez se usa una cantidad impresionante de eufemismos, fuerzas armadas y vicios argumentativos que han llevado a muchas personas a tomar decisiones apresuradas y poco informadas respecto a las intenciones y consecuencias del proyecto. Los megaproyectos Tren Maya e Interoceánico cumplen con la exigencia de Estados Unidos de funcionar como zona de detención y retención de migrantes. La académica mencionó también el alto riesgo de descarrilamiento que, considerando que busca ser principalmente de carga (80% contra 20% transporte de pasajeros), el riesgo de ello con vagones que rondan las 70 toneladas sería desastroso. Se le agrega grados de dificultad al saber que Pemex sería el principal ocupante de estos vagones.

Son muchas las comunidades de la Península de Yucatán que comparten los mismos dolores: empresas relacionadas a la industria alimenticia de gran escala están transformando las formas de vida comunitarias, contaminando el agua y la tierra, mientras las fuerzas armadas intimidan defensores y la violencia no deja de aumentar. Viejos proyectos que antes se habían impedido, como el proyecto fotovoltáico en Ticul, Yucatán, han vuelto con más fuerza y capacidad de chantaje.

Don Raúl Vera dejó claro que el proyecto “es una vergüenza, un insulto a nuestras hermanas y hermanos mayas”. Y es que también hubo reportes reiterados de que la Procuraduría Agraria, encargada de proteger los derechos y gestionar la propiedad colectiva de la tierra, está siendo parte de una serie de despojos sistemáticos que van desde la imposición del proyecto hasta el descuento parcial del pago a propietarios; la otra opción es la expropiación de tierras.

Las divisiones internas en las comunidades son uno de los motores del proyecto, y esto fue expuesto también por las compañeras tseltales, quienes viajaron desde Palenque para compartir el hostigamiento derivado de su “caminar para defender nuestra tierra, nuestra agua”. Estas divisiones se han multiplicado y han sido impulsadas por la cooptación de miembros a través de acercamientos directos de funcionarios de FONATUR Tren Maya a líderes ejidales o comunitarios. Esta no ha sido la única muestra de falta de ética. La investigadora Gabriela Torres agregó que antiguos funcionarios de ésta y otras dependencias, como la SEDATU, aprovecharon la información privilegiada y trabajan ahora en empresas inmobiliarias que están detrás de la venta de lotes de inversión, principalmente en Campeche y Yucatán.

El Tribunal también fue el espacio para que mujeres como Wilma Esquivel Pat, bióloga y poeta maya masehual de Felipe Carrillo Puerto, profundizaran sobre la manera en que está dándose la ocupación territorial por parte de las fuerzas armadas, que históricamente han llevado a cabo en esta región prácticas genocidas, y las implicaciones que eso tiene en el desarrollo comunitario.

Todo por salvar

La reflexión y denuncia por parte de jóvenes mayas iba hacia lo simbólico que a la vez es muy tangible por la manera en que han visto la evolución de su pueblo. Otro de los cambios observables en las formas de vida de las comunidades es su relación con la fauna, que a raíz del desplazamiento desde que empezaron a construir el proyecto —o, mejor dicho, a fragmentar su hábitat— ha recurrido al saqueo de milpas familiares buscando alimento. Esto resuena con lo que comentó la joven Ana Poot sobre el desequilibrio ecosistémico: “los montes talados se convierten en falta de salud y después en necesidades económicas. Nuestro interés no era lo económico, pero nos hicieron pensar que es lo que necesitamos. Los mayas que aún tenemos el corazón de maíz estamos preocupadas”.

El último día, la presidenta del Tribunal y los jueces visitaron algunas cuevas que están justo debajo del Tramo 5 del mal llamado Tren Maya, uno de los más señalados por el riesgo ambiental que implica situarse sobre una cantidad inimaginable de cenotes y ríos subterráneos poco explorados en todo su curso. Al llegar se encontraron con una treintena de jóvenes esperando la salida de veinte más de una cueva inundada, un ejercicio de concientización donde especialistas locales explican por qué es urgente defender estos espacios sagrados para el pueblo maya e indispensables también para quienes habitamos las ciudades.

En este recorrido, biólogos, hidrólogos y jóvenes naturalistas explicaron cómo funciona el sistema kárstico, en el que los muros de estas cuevas son una especie de libros de historia en la que cada formación es una página que cuenta una parte distinta de lo que somos. Este sistema hiperconectado tiene dentro la reserva de agua dulce más importante de México, y depende directamente de la salud y el cuidado de la selva y suelo único de la Península de Yucatán. Salud que hoy en día se encuentra en estado crítico a causa del desarrollo turístico e inmobiliario desmedido, la instalación de la agroindustria y de la explotación animal de gran escala.

Contrario a lo que el presidente y algunos de sus seguidores aseguran con apodos peyorativos como “pseudoambientalistas” o “ambientalistas fifí”, se trata de una lucha que lleva años, pero que también lleva siglos. La estrategia de buscar minimizar ridiculizando la defensa ambiental no es única de México, la presidente Svampa compartió la manera en que otros gobiernos latinoamericanos autodenominados progresistas han usado términos como “ambientalismo bobo”, en Argentina. Esto podría llegar a ser gracioso si no fuera porque nuestro país es el más mortal del mundo para quienes defienden la tierra, y es precisamente la dignidad de los pueblos mayas —y de quienes seguimos sus pasos— lo que trajo al jurado a este rincón del planeta donde inició la vida como la conocemos. “La dignidad del pueblo en resistencia”, como le llamó el juez Francesco Martone.

En resumen, el Tribunal fue un espacio en el que se expusieron las consecuencias actuales de un modelo de desarrollo insostenible y la manera en que funciona como acelerador este megaproyecto que no sólo es inmoral, sino también ilegal y peligroso, en el más amplio sentido de la palabra.

Un megaproyecto en el que no cupieron las opiniones de científicos de larga trayectoria, como comentaron los investigadores Rodrigo Medellín y Luis Zambrano, quienes comentaron que no cuenta con un plan maestro, de mitigación, ni de análisis real de riesgos.

Si la ética fuera tomada en cuenta, tras haber escuchado los testimonios y las graves violaciones de derechos humanos, a la autodeterminación de los pueblos indígenas y sus territorios enumeradas por el juez Jaku Pérez en la sentencia final, el megaproyecto sería cancelado. El Tribunal no es vinculante con ninguna autoridad ni ley mexicana. Se trata de una llamada de atención con fundamentos éticos y materiales, pero también históricos y simbólicos. Se trata del grito de la Tierra, que lo único que pide es una tregua.

Enlaces para más información:

• Comunicado de prensa “Tribunal pide la suspensión inmediata del megaproyecto del Tren Maya ante la alerta de ecocidio y etnocidio”
• Sitio web del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza en México

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